12 novedades de nueva Ley de Contratos del Sector Público

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El pasado 19 de octubre de 2017 el Congreso de los Diputados aprobó de forma definitiva la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Entrará en vigor a los 4 meses de su publicación en el BOE.

Novedades:

Muchas son las novedades de la nueva Ley. A continuación presentamos 12 de las más destacadas:

  1. Contratos menores: Se reduce el umbral de los contratos menores, limitándose a aquellos cuyo valor estimado sea de hasta 40.000 € para los contratos de obras y de 15.000 € en los contratos de servicios y suministros.
  2. Procedimiento abierto simplificado: se crea un nuevo procedimiento abierto simplificado para contratos de servicios y suministros de valor estimado de hasta 100.00 € y contratos de obras de hasta 2.000.000 €.
  3. Negociado sin publicidad: se elimina el procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía.
  4. Simplificación de procedimientos: se simplifican los métodos de acreditación de toda la documentación administrativa, solvencia y habilitación para contratar a través de las declaraciones responsables y el Documento Europeo Único de Contratación.
  5. Criterio de adjudicación: se sustituye como criterio de adjudicación “la oferta económica más ventajosa” por el de “la mejora en relación con la calidad y el precio”. Así, se estipula que la “adjudicación de los contratos se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base en la mejor relación calidad-precio que se evaluará con arreglo a criterios económicos y cualitativos”.
  6. Nuevos criterios sociales y ambientales: el artículo 1 de la Ley añade que “en toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales siempre que guarde relación con el objeto del contrato, en la convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual, así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos. Igualmente se facilitará el acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas empresas, así como de las empresas de economía social”.
  7. Ampliación del recurso especial en materia de contratación: se amplía el ámbito de recurso especial, que pasa a ser preceptivo y para contratos de obras de un valor estimado de más de tres millones de euros; para contratos de suministros y servicios, de 100.0000 euros, y para contratos administrativos especiales, de 100.000 euros.
  8. Instrucciones Internas de Contratación: como ampliamente analizamos en Contratando+, las Instrucciones Internas de Contratación quedarán limitadas a la adjudicación de contratos no sujetos a regulación armonizada por parte de entidades del sector público no considerados poderes adjudicadores.
  9. Lotes: obliga a dividir en lotes los contratos susceptibles de fraccionamiento para facilitar el acceso de pymes y autónomos a los procesos de contratación.
  10. Factura electrónica: se introduce el sistema de factura electrónica y registro electrónico único para el conjunto de la cadena de contratación pública, lo que permitirá acreditar la fecha en la que se presentan las facturas por el subcontratista al contratista de forma inequívoca y sin interpretación posible.
  11. Pago directo: la norma permite incluso que las Administraciones Públicas paguen directamente las facturas de los subcontratistas, detrayéndoles el importe correspondiente a los contratistas, siempre que así lo prevean los pliegos de contratación.
  12. Oficina independiente: crea la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión, que podrá emitir recomendaciones para el cumplimiento de los órganos de contratación y que dependerá del Ministerio de Economía. De esta manera, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que va a ser escindida, deja de supervisar el sector. Los integrantes de la Oficina tendrán un mandato de seis años y dependerá de la Oficina Nacional de Evaluación, que se encargará de estudiar la rentabilidad socioeconómica de la contratación pública.

En definitiva, entre las novedades más importantes, destaca que se suprime la posibilidad de contratación sin publicidad, se intenta favorecer la contratación con pymes y la prevalencia de la división en lotes, se establece la obligación de la factura electrónica y la posibilidad de pago directo de la Administración a los subcontratistas, además de que se incrementan los controles sobre la morosidad y de que se crea una Oficina Independiente que supervisará los contratos y garantizará la libre concurrencia.

Deberemos esperar a su entrada en vigor para analizar si estas novedades cumplen con sus fines y dinamizan la contratación administrativa.

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