El arraigo territorial: ¿es exigible en los pliegos?

Hasta hace unos años, solía ser frecuente que se exigiera en los pliegos, como requisito de solvencia o criterio de adjudicación el arraigo territorial del licitador o de instalaciones para la ejecución del contrato. 

Sin embargo, a raíz de la doctrina del TJUE y de los órganos de resolución de recursos contractuales, se ha limitado el uso de este concepto en los pliegos.

¿Qué es el arraigo territorial?

Se entiende por arraigo territorial la exigencia en el pliego de que el licitador disponga de determinadas instalaciones en una zona geográfica determinada. Esa exigencia puede encontrarse incluida como un requisito de solvencia, como un criterio de adjudicación o como una condición de ejecución del contrato. 

¿Es posible exigir el arraigo territorial del adjudicatario en los pliegos?

Es reiterada la doctrina del TJUE y del TACRC respecto a que son discriminatorias las condiciones de arraigo territorial cuando se configuran como requisito de solvencia o como criterio de adjudicación. 

Únicamente se admite cuando se exige como un compromiso de adscripción de medios al adjudicatario o como condiciones de ejecución siempre que respete el principio de proporcionalidad y guarde relación con el objeto del contrato. 

¿Cuál es el criterio del TACRC?

Como norma general, el TACRC establece que el arraigo territorial es una condición no permitida. En concreto, son discriminatorias las condiciones de arraigo territorial cuando se configuran como requisitos de solvencia o como criterios de adjudicación.

Así se recoge en la resolución del TACRC nº 526/2013, de 15 de noviembre, 217/2012, de 3 de octubre, 138/2011, y 139/2011, de 11 de mayo, así como en la doctrina de la Junta Consultiva de Contratación administrativa (Informe 9/2009, de 31 de marzo).

 

Sin embargo, en su resolución 406/2019, el TACRC permite el arraigo territorial si se exige como un compromiso de adscripción de medios al adjudicatario o como condiciones de ejecución siempre que, en este supuesto, respete el principio de proporcionalidad y guarden relación con el objeto del contrato. 

En concreto, para determinar su adecuación, deberá valorarse si el arraigo constituye o no una condición proporcionada, atendido el objeto del contrato, o por el contrario, resulta discriminatoria, lo que debe hacerse valorando las circunstancias concretas del caso. Al respecto, debe señalarse que la valoración necesariamente tiene que ser casuística.

 

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