Uno de los objetivos de la regulación de contratos del sector público es la promoción de la compra pública estratégica a través, entre otros, de la inclusión de cláusulas ambientales. No obstante, no todas las medidas de implantación de este tipo de de cláusulas resultan eficaces. En ocasiones son operaciones de marketing sin finalidad real. En este artículo abordamos un claro ejemplo que sin dudas debes conocer.
La obligación de introducción de criterios sociales y ambientales en la preparación, adjudicación y ejecución de los contratos es una de las principales novedades de la LCSP. Así, se admite de forma pacífica que los contratos públicos no constituyen exclusivamente un medio de obtención de servicios en las condiciones más ventajosas para la administración, sino que, además, a través de la contratación pública, los poderes públicos pueden realizar una política de intervención en la vida económica, política y social, garantizando al mismo tiempo un uso eficiente de los fondos públicos. Descubre en este artículo la forma adecuada y requisitos para introducir criterios socialesy ambientales en los pliegos reguladores de la licitación.
La nueva Ley de Contratos del Sector Público 2017 prioriza la introducción de criterios ambientales en la compra pública. La aplicación de tales criterios requiere del cumplimiento de un conjunto de requisitos definidos por la doctrina y la jurisprudencia de aplicación de manera que se garantice que los mismos resulten proporcionados y no discriminatorios. En este artículo se analizan los mecanismos para su introducción durante la fase de preparación del contrato, la selección de licitadores o la adjudicación del mismo.
La compra pública verde y la inclusión de cláusulas ambientales plantea uno de los mayores retos de la compra pública por cuanto responde a la necesaria planificación estratégica de la misma pero, a la vez, comporta una enorme dificultad para definir correctamente los mecanismos de valoración de estos aspectos en los procesos de licitación. No solo debe procurarse su inclusión sino también que la misma responda a los fines y con los requisitos exigibles con el fin de evitar cualquier vulneración a los principios reguladores de la compra pública.