Contratación entre empresas públicas en la ley de contratos

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Para definir la contratación entre empresas públicas en la ley de contratos debe dilucidarse si dicha ley resulta de aplicación.

¿Cuándo se produce la contratación entre dos empresas públicas dependientes de una misma Administración pública?

Por todos es conocido que las empresas públicas forman parte del sector público. Por lo tanto, su contratación queda sometida a la ley de contratos del sector público. Así lo expusimos hace algunas semanas ( léelo aquí).

Sin embargo, puede suceder que dos empresas públicas dependientes de una misma administración pretendan contratarse mutuamente. Ante tal supuesto cabe preguntarse si resultará de aplicación la ley de contratos del sector público.

La contratación entre empresas públicas en la ley de contratos del sector público

Puede pensarse que, en la medida en que dos empresas públicas dependan de una misma Administración, pueden contratar la una con la otra de forma directa. Es decir, sin someterse al régimen de contratación recogido en la ley de contratos del sector público. Esto es, que no sería necesario licitar ya que no existe gasto de dinero público ni se benefician intereses privados.

No obstante, esta posición supone una huída de la normativa de contratación del sector público.

¿Cuál es el régimen de la contratación entre empresas públicas en la ley de contratos?

Para dilucidarlo cabe traer a colación lo establecido en la letra m) del artículo 4.1 de la ley de contratos:

1. Están excluidos del ámbito de la presente Ley los siguientes negocios y relaciones jurídicas:

m) Los contratos por los que un ente, organismo o entidad del sector público se obligue a entregar bienes o derechos o prestar algún servicio, sin perjuicio de que el adquirente de los bienes o el receptor de los servicios, si es una entidad del sector público sujeta a esta Ley, deba ajustarse a sus prescripciones para la celebración del correspondiente contrato.

Sobre cómo debe interpretarse este artículo, el Informe 1/2013, de 23 de enero de 2013, de la Junta Consultiva de Aragón, estableció:

El supuesto, recogido ahora en la letra m) del artículo 4.1 TRLCSP, se refiere tanto a la entrega de bienes o derechos, como a la prestación de servicios a que se obligue cualquier ente, organismo o entidad del sector público definido en el artículo 3.1 TRLCSP, entre los que se encuentra —como acaba de señalarse— el ITA. Es decir, estamos ante contratos en los que corresponde la materialización de la prestación o la ejecución del objeto del mismo al sector público, mientras que el adquirente de los bienes o receptor de los servicios no formará parte de dicho sector. Cuando, por el contrario, el adquirente de los bienes o receptor de los servicios pertenezca igualmente al sector público, lógicamente, y como señala el precepto, entrarán en juego las reglas contenidas en el TRLCSP.

[…]

No se plantea en la consulta, pero es evidente, que la propia prestación por el ITA de la calibración y/o verificación de los IPFNA a sus destinatarios sí estará incluida en la exclusión recogida en el precepto, con el matiz de la necesaria aplicación de las prescripciones del TRLCSP cuando el solicitante sea una entidad del sector público sujeta al mismo, «principalmente Ayuntamientos» indica el escrito.

Conclusión: la contratación entre empresas públicas queda sometida a la ley de contratos

Los contratos no se pueden adjudicar de forma directa a otra empresa pública. Deben respetarse los principios de igualdad, transparencia y libre concurrencia. La prestación por otro empresa pública no garantiza la mejor relación calidad-precio en el mercado.

Es por ello que el artículo 4.1.m) de la ley de contratos no excluye su aplicación si el adquirente de los bienes o servicios pertenece al sector público.

Atendiendo a todo lo anterior, la contratación entre empresas públicas en la ley de contratos queda completamente incluida y regulada.

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