Efectos del covid-19 sobre la contratación pública

Por todos es conocida la situación en la que nos encontramos a causa de la pandemia del Covid-19, la declaración de estado de alarma en España  y los severos efectos que está teniendo sobre la salud de las personas y el funcionamiento de nuestra sociedad. La contratación pública no es ajena a esta situación. 

Los que nos dedicamos a la contratación pública estos días estamos sobresaturados de información. Sirva este artículo como recopilatorio de las principales cuestiones a tener en cuenta.

El estado de alarma

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo  declaró el estado de alarma para la gestión de la situación causada por el Covid-19.

La suspensión de plazos administrativos

La Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020 establece que se suspenden los términos e interrumpen los plazos de tramitación de todos los procedimientos administrativos. Se reanudarán cuando pierdan vigencia el Real Decreto o sus prórrogas, en su caso. Esta suspensión e interrupción afectará a todo el Sector Público. En todo caso, se prevé que el órgano administrativo que corresponda pueda acordar de forma motivada las medidas que entienda necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses de los interesados en los procedimientos, siempre que éstos manifiestan su conformidad con esas medidas o con que no se suspenda el plazo.

Todo ello no afectará a los procedimientos y resoluciones que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos que han justificado el estado de alarma.

Por lo tanto, como norma general, en el ámbito de la contratación pública los procedimientos y plazos de presentación de ofertas, licitación, adjudicación y formalización se encuentran suspendidos. 

En relación con esta cuestión, podéis leer los siguientes criterios interpretativos:

Efectos sobre la ejecución de contratos administrativos derivados del covid-19: el Real Decreto-Ley 8/2020

El RDL 8/2020, que entró en vigor el 18 de marzo  establece en su capítulo III diversas medidas de garantía de liquidez para sostener la actividad económica ante las dificultades derivadas del COVID-19. Entre tales medidas, destacan las previsiones singulares del artículo 34. Dicho artículo hace referencia a la ejecución de determinados tipos de contratos del sector público.

Contratos de servicio y suministro

En los contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva, si la ejecución devenga imposible como consecuencia del CovidO-19 o las medidas adoptadas , quedarán automáticamente suspendidos desde que se produjera la situación de hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse. Y se entenderá que la prestación puede reanudarse cuando, habiendo cesado las circunstancias o medidas que la vinieran impidiendo, el órgano de contratación notificara al contratista el fin de la suspensión. No resultará de aplicación lo dispuesto en el apartado 2.a) del artículo 208 LCSP.

Los daños y perjuicios por los que el contratista podrá ser indemnizado serán únicamente los siguientes gastos:

  • salariales que efectivamente hubiera abonado el contratista al personal que figurara adscrito con fecha 14 de marzo de 2020 a la ejecución ordinaria del contrato, durante el período de suspensión.
  • por mantenimiento de la garantía definitiva, relativos al período de suspensión del contrato.
  • de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos relativos al periodo de suspensión del contrato, adscritos directamente a la ejecución del contrato, siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos durante la suspensión del contrato.
  • correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego y vinculadas al objeto del contrato que hayan sido suscritas por el contratista y estén vigentes en el momento de la suspensión del contrato.

En los contratos públicos de servicios y de suministro de prestación no sucesiva,  siempre y cuando éstos no hubieran perdido su finalidad como consecuencia de la situación derivada del covid-19, si el contratista incurre en demora se habilita una ampliación del plazo de ejecución sin que pueda aplicarse la imposición de penalidades al contratista ni la resolución del contrato, pudiéndose indemnizar daños derivados de costes salariales. 

Contratos de obras

El adjudicatario de contratos de obras podrá solicitar la suspensión del mismo desde que se produjera la situación de hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse. No se aplicará lo dispuesto en el artículo 208 y 239 LCSP. Los gastos indemnizarles se encuentran limitados. 

En ningún caso estas previsiones serán aplicables a los siguientes contratos:

  1. de servicios o suministro sanitario, farmacéutico o de otra índole, cuyo objeto esté vinculado con la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.
  2. servicios de seguridad, limpieza o de mantenimiento de sistemas informáticos.
  3. Contratos necesarios para garantizar la movilidad y la seguridad de las infraestructuras y servicios de transporte.
  4. adjudicados por aquellas entidades públicas que coticen en mercados oficiales y no obtengan ingresos de los Presupuestos Generales del Estado.

Podéis encontrar un resumen completo AQUÍ

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