El principio del fin de las Instrucciones Internas

Una de las principales novedades de la Ley de Contratos 2017 radica en la limitación del uso de las instrucciones internas de contratación. Se produce la modificación del régimen de contratación de los poderes adjudicadores no considerados Administraciones Públicas. ¿Es ese el fin de las Instrucciones Internas de Contratación?

[Artículo actualizado]

Las Instrucciones Internas de Contratación

Tras la aprobación de la Ley, la preparación y adjudicación de los contratos públicos de los poderes adjudicadores no considerados Administraciones Públicas (“PANAP”) quedará sometida a la regulación de la propia Ley.

Así, a diferencia de la regulación establecida en el TRLCSP aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, los PANAP ya no podrán adjudicar los contratos no sujetos a regulación armonizada con base en sus propias Instrucciones Internas de Contratación.

Las Instrucciones Internas de Contratación quedarán limitadas a la adjudicación de contratos no sujetos a regulación armonizada por parte de entidades del sector público no considerados poderes adjudicadores.

¿Como se regula la cuestión de las Instrucciones Internas de Contratación en la Ley de Contratos 2017?

Contratos SARA:

El artículo 317 establece, en cuanto a la preparación y adjudicación de los contratos sujetos a regulación armonizada que concierten los poderes adjudicadores no considerados Administraciones Públicas, que se regirán por las normas establecidas en la propia Ley.

Contratos no SARA:

Por su parte, el artículo 318 establece que:

En la adjudicación de contratos no sujetos a regulación armonizada se aplicarán las siguientes disposiciones:

a) Los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, de concesiones de obras y concesiones de servicios, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de servicios y suministros, podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación objeto del contrato.

b) Los contratos de obras, concesiones de obras y concesiones de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 40.000 euros e inferior a 5.225.000 euros y los contratos de servicios y suministros de valor estimado superior a 15.000 euros e inferior a 209.000 euros, se podrán adjudicar por cualquiera de los procedimientos previstos en la Sección 2.ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la presente Ley.

Adjudicaciones de entidades no consideradas poder adjudicador:

En el caso de la adjudicación de contratos de las PANAP, el artículo 321 de la Ley establece:

aprobarán unas instrucciones en las que regulen los procedimientos de contratación de forma que quede garantizada la efectividad de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, así como que los contratos se adjudiquen a quienes presenten la mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145.

¿Qué son los poderes adjudicadores?

De conformidad con lo indicado en el artículo 3 del proyecto de Ley, se considerarán poderes adjudicadores las siguientes entidades:

  1. Las Administraciones Públicas.
  2.  Las fundaciones públicas.
  3. Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
  4. Todas las demás entidades con personalidad jurídica propia distintas de las expresadas anteriormente que hayan sido creadas específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos que deban considerarse poder adjudicador, bien financien mayoritariamente su actividad; bien controlen su gestión; o bien nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia.
  5.  Las asociaciones constituidas por las entidades mencionadas en las letras anteriores.
  6. Los partidos políticos, así como las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales y asociaciones profesionales, además de las fundaciones y asociaciones vinculadas a cualquiera de ellos, cuando cumplan los requisitos para ser poder adjudicador de acuerdo con el apartado anterior, y respecto de los contratos sujetos a regulación armonizada deberán actuar conforme a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación sin perjuicio del respeto a la autonomía de la voluntad y de la confidencialidad cuando sea procedente.

¿Qué efectos tiene el contenido de la disposición transitoria quinta?

La disposición transitoria quinta, establece:

Los entes a los que se refiere el Título Tercero deberán adaptar sus instrucciones internas de contratación a lo establecido en los artículos 318 y 321 en el plazo máximo de cuatro meses desde la entrada en vigor de la presente Ley. Hasta entonces, seguirán contratando de conformidad con sus instrucciones vigentes, siempre que no contradigan lo establecido en los citados artículos.

Contrariamente a lo que han indicado algunos autores, está referencia resulta de aplicación únicamente a los poderes adjudicadores. Es decir, no supone que los entes que ya tenían aprobadas Instrucciones Internas se mantengan en dicho régimen. Al contrario, únicamente se refiere a aquellas entidades que no son poderes adjudicadores. En ese caso deberán actualizar sus Instrucciones Internas. Así, en todo caso, los PANAP contratarán según el contenido de la Ley.

Cualquier otra interpretación resultaría contraria a la propia finalidad de la Ley y al contenido de la misma.

¿Cuál es el régimen de contratación de los poderes adjudicadores no considerados Administraciones Públicas?

Sobre cuál es el régimen de contratación de los PANAP recomendamos estos artículos de Gimeno Feliu y Javier Vázquez Matilla.

¿El fin de las Instrucciones Internas de Contratación?

Resulta evidente que la Ley de Contratos 2017 contiene una limitación al uso de las Instrucciones Internas. No obstante, no alcanzamos a comprender por qué motivo no se ha optado por su eliminación en todos los casos. De esta forma se conseguiría homogeneizar los procedimientos y ofrecer una mayor seguridad jurídica a los licitadores.

¿Es este el principio del fin de las Instrucciones Internas y de la inseguridad jurídica que generaban para los operadores? ¿Supondrá una limitación real a las múltiples regulaciones existentes para cada poder adjudicador o entidad del sector público no Administración?

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