¿El patrocinio institucional está sometido a la LCSP?

Es habitual que las administraciones patrocinen ciertos eventos culturales o deportivos. Pero, ¿cómo debe articularse el patrocinio institucional? ¿Es un contrato sometido a la LCSP?

¿El contrato patrocinio institucional es una subvención?

En relación con esta cuestión, el informe 7/2018 de la JCCE, estableció:

Cabe destacar primeramente que los contratos de patrocinio no tienen una regulación específica en la LCSP. Al configurarse en torno a una prestación de hacer a cambio de la cual se cobra un precio podría considerarse prima facie que estamos en presencia de un contrato de servicios. Sin embargo, tal calificación choca con el problema de que la finalidad de interés público que se sirve a través de estos contratos no es sólo la publicidad institucional, sino que la financiación pública de las actividades culturales, deportivas o de otra índole es la verdadera finalidad principal de la actuación de la entidad consultante.
Tampoco es previsible que el objeto social de la contratista sea la realización de campañas de publicidad institucional. En todo caso debe quedar claro que en la hipótesis que estamos analizando, existiendo una prestación a cambio del precio satisfecho por la Administración, nos encontramos en presencia de una figura contractual y no de una subvención. 

¿Se puede configurar como un convenio?

La cuestión fundamental es si va a haber contraprestación económica. Así, el artículo 47 de la Ley 40/2015, señala  que los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal caso, se aplicará lo previsto en la LCSP.

El artículo 2.1 LCSP define el contrato administrativo de la siguiente forma:

Son contratos del sector público y, en consecuencia, están sometidos a la presente Ley en la forma y términos previstos en la misma, los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las entidades enumeradas en el artículo 3. Se entenderá que un contrato tiene carácter oneroso en los casos en que el contratista obtenga algún tipo de beneficio económico, ya sea de forma directa o indirecta.

En esa línea, el Informe 5/2008, de 17 de noviembre, de la JCCA de la C. Valenciana, resume a la perfección la diferencia entre contratos y convenios:

En estas circunstancias, el objeto del contrato y la existencia de precios o derechos de explotación, en su caso, percibidos por una sola de las partes (prestadora) y pagados por la otra (beneficiaria o receptora de la prestación) son decisivos para discernir ante la posibilidad de establecer convenios de colaboración. Si el objeto del convenio responde a una tipología de contrato público y a cambio de las prestaciones o bienes objeto del mismo se satisface un precio, o se concede el derecho a la explotación de tales bienes por el contratista, estaríamos ante un contrato sometido a la LCSP y, por tanto, la suscripción del convenio directamente con entidades públicas o privadas vulneraria los principios básicos de la contratación pública, a saber, libre concurrencia, publicidad e igualdad de trato y no discriminación.

El patrocinio como un contrato sometido a la LCSP

De conformidad con el Informe 13/2012, de 11 de julio, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón, el contrato de patrocinio tiene por objeto una publicidad de carácter indirecta. Un retorno publicitario. El contrato consiste en que el patrocinado permite que el patrocinador haga pública su colaboración económica en la actividad del patrocinado. 

El patrocinador, a cambio, disfruta de la notoriedad. De esta forma se incrementa  el conocimiento de su nombre o marca y favorece su imagen.  

En los Informes 28/2008, de 10 de diciembre, 1/2009, de 11 de marzo y 17/2010, de 1 de diciembre, dicha Junta estableció que el patrocinio institucional debe establecerse como un contrato oneroso, bilateral y conmutativo. POr lo tanto, un contrato que se basa en la existencia de obligaciones ciertas y equivalentes para ambas partes.

Por consiguente, si el tercero realiza una actuación a la administración a cambio de una contraprestación económica, estaremos ante un contrato, nunca ante un convenio de colaboración.

¿El contrato de patrocinio institucional es un contrato público o privado?

El Informe 7/2018, de 27 de julio, de la JCCA de la C. Valenciana, incide en la calificación de dicho contrato como contrato privado. Así, el informe concluye que “el patrocinio publicitario de una actividad o evento por una Administración Pública no se considera comprendido entre los contratos de servicios u otros contratos típicos de los definidos en la Ley de Contratos del Sector Público”, de forma que “su contratación tendrá carácter privado y su preparación y adjudicación debe efectuarse de conformidad con las normas de la Ley de Contratos del Sector Público que resulten de aplicación”.

Por lo tanto, el patrocinio, aunque lo celebre una Administración, es un contrato privado. En la medida en que el patrocinado no es una empresa dedicada a los servicios publicitarios, se excluye la posibilidad de considerarlo como contrato administrativo de servicios. Tampoco puede ser considerado como un contrato administrativo especial. 

En este sentido, el referido informe 7/2018 de la JCCE, establece:

Teniendo todo lo anterior en consideración, cabría pensar que este tipo de contratos de patrocinio constituirían contratos privados al amparo de los dispuesto en el artículo 26.1.a) de la Ley 9/2017, según el cual tienen la consideración de contratos privados los que celebren las Administraciones Públicas cuyo objeto sea distinto de los referidos en las letras a) y b) del artículo 25. Esta remisión al artículo 25 alude a aquellos contratos que sean distintos de los contratos administrativos típicos o especiales. De esta forma, el régimen jurídico de los contratos de patrocinio sería el propio de los contratos privados que, como hemos visto, determina el apartado 2 del artículo 26 de modo que, como ya hemos señalado, en cuanto a su preparación y adjudicación les resulta de aplicación el artículo 118 de la Ley, relativo al expediente de contratación en los contratos menores. En cualquier caso, el mismo efecto se anudaría si considerásemos estos contratos como contratos administrativos de servicios.

Por consiguiente, en cuanto a su preparación y adjudicación deberá ceñirse a la LCSP. En cuanto a sus efectos y extinción, estos contratos se regirán por el derecho privado.

¿Qué procedimiento deberá seguirse para licitar un contrato de patrocinio institucional?

De conformidad con la LCSP, para la adjudicación de los contratos de patrocinio podría resultar aplicable el procedimiento negociado sin publicidad, que ampara aquellos supuestos en que por razones técnicas o artísticas o por motivos relacionados con la protección de derechos de exclusiva, el contrato sólo pueda encomendarse a un empresario determinado. 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
¿Quieres recibir más artículos y novedades?
Suscríbete a Contratando+

ARTÍCULOS RECIENTES

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
3 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Verónica
Verónica
4 febrero 2020 10:44

Hola, muy interesante el articulo. Gracias por compartirlo, aunque el ultimo párrafo parece inconcluso porque se ha cortado en » La cuestión fundamental es…»

saludos

Franc
Franc
8 junio 2020 12:16

Hola. Muy interesante. Enhorabuena.
No obstante, en relación al importe, tratándose de un contrato menor, un contrato privado, negociado y sin publicidad, que no puede considerarse un contrato de servicios y que por supuesto tampoco lo es de obras, ¿cuál sería según vuestro criterio el límite cuantitativo?
Gracias de antemano por vuestra respuesta.

3
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x

¿Quieres descubrir todas las claves de la contratación pública?

¡SUSCRÍBETE!

Aceptación de la política de privacidad de Contratando+

Te acabamos de mandar un correo electrónico para que confirmes la suscripción!