La exigencia de la solvencia al adjudicatario actual

 

La LCSP no ofrece una regulación distinta para el actual adjudicatario del contrato que se licita. De hecho, los pliegos establecen los mismos requisitos de solvencia al adjudicatario actual que al resto de licitadores.

Pero, ¿es admisible en la práctica un trato distinto?

¿Qué es la solvencia en un contrato público?

Según el artículo 74 LCSP para celebrar contratos con el sector público los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica que se determinen por el órgano de contratación. 

 

¿Cómo puede acreditarse la solvencia técnica o profesional?

Entre otros requisitos, es habitual que la solvencia técnica deba acreditarse mediante una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos.

 

Los servicios o trabajos ejecutados a una entidad del sector público se acreditarán mediante certificados .

 

¿Es necesario exigir los requisitos de solvencia al adjudicatario actual?

Imaginemos que los pliegos reguladores de la licitación exigen haber prestado un servicio análogo al licitado durante los tres últimos años. El cumplimiento se acreditaría mediante emitido por el propio poder adjudicador.

 

Es decir, para acreditar el cumplimiento de dicho requisito el propio pliego exige que fuera el poder adjudicador convocante de la licitación que emitiera un certificado de ejecución de dicho servicio.

 

Respecto a esta cuestión el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha declarado que es absurdo exigir al licitador que le pida al órgano de contratación que expida una certificación para acreditarle al mismo expedidor lo que ya le consta. Es decir, no es lógico que certifique algo que le consta para que le acredite a él mismo lo que certifica.

 

Además, en aplicación del artículo 28.2 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, el Tribunal manifestó que los licitadores no están obligados a aportar documentos que ya obran en la entidad del sector público licitante.

 

Así lo ha indicado en sus resoluciones de 198/2018 y 796/2018.

 

Por lo tanto, no es necesario requerir certificados acreditativos de la solvencia al adjudicatario actual.

 

 

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