¿La subrogación de trabajadores como criterio de valoración?

Una de las cuestiones que se destaca de la LCSP es la inserción de cláusulas ambientales, sociales y de innovación. Así, la compra pública estratégica debe promover la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores adscritos a la ejecución de contratos públicos. Pero, ¿supone eso que la subrogación de trabajadores pueda ser un criterio de adjudicación?

¿Es la subrogación de trabajadores una cláusula social?

La subrogación de los trabajadores adscritos a la ejecución de un contrato público por parte del adjudicatario deriva de una obligación legal o del Convenio Colectivo de aplicación. 

¿Es posible exigir la subrogación de los trabajadores en los pliegos?

La subrogación de los trabajadores solo puede constituir una obligación del contrato si así lo establece la Ley o un Convenio Colectivo. No es posible establecer la obligación en los pliegos si no se basa en la aplicación de la Ley o del Convenio.

¿Es posible establecer la subrogación como un criterio de valoración de las ofertas?

Sobre la base de que no es posible incluir la subrogación como una exigencia de ejecución, cabe pensar si podría establecerse como criterio de valoración. Es decir, asignar puntos a aquellos adjudicatarios que se comprometan a mantener la actual plantilla adscrita al contrato en sus condiciones actuales. 

Respecto a esta cuestión el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y la jurisprudencia han establecido de forma reiterada que no resulta admisible establecer un criterio de valoración de ofertas que consista en la valoración del mantenimiento de la plantilla. 

Es más, en su resolución 468/2017 el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha establecido que ni siquiera podría ser considerado un criterio social puesto que no es admisible favorecer unos trabajadores en detrimento de otros en sector donde la plantilla no se encuentra especialmente desfavorecida. Aunque es un propósito loable, no resulta adecuado establecerlo como una condición especial de ejecución de carácter social ni como un  criterio de adjudicación. 

 

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