Tras la entrada en vigor de la nueva Ley de contratos de 2017 deberá analizarse la actividad y fines de las empresas públicas para determinar si son poderes adjudicadores y, por consiguiente, si la regulación de su régimen de contratación queda sometido al contenido de la Ley o a sus propias Instrucciones Internas de Contratación.
Publicada la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Descubre sus principales novedades antes de su entrada en vigor el próximo 9 de marzo de 2018.
El pasado 19 de octubre de 2017 se aprobó en el Congreso la nueva Ley de contratos del sector público, en cuyo artículo 159 se establece un nuevo procedimiento abierto simplificado para contratos de obras cuyo valor estimado no supere los 2.000.000 euros y contratos de servicios y suministro de valor estimado de hasta 100.000 euros.
Si bien este nuevo procedimiento `permitirá canalizar la tramitación de los expedientes de contratación y la valoración de las ofertas presentadas de forma más sencilla y rápida, por cuanto se simplifican los requisitos de presentación de ofertas y se reducen los plazos de tramitación del expediente, lo cierto es que puede tener un efecto restrictivo de la concurrencia de licitadores por cuanto incluye numerosas exigencias en cuanto al lugar y forma de presentación de ofertas.
El pasado 19 de octubre de 2017 el Congreso de los Diputados aprobó de forma definitiva la nueva Ley de Contratos del Sector Público que entrará en vigor a los 4 meses de su publicación en el BOE.
Entre las novedades más importantes, destaca que se suprime la posibilidad de contratación sin publicidad, se intenta favorecer la contratación con pymes y la prevalencia de la división en lotes, se establece la obligación de la factura electrónica y la posibilidad de pago directo de la Administración a los subcontratistas, además de que se incrementan los controles sobre la morosidad y de que se crea una Oficina Independiente que supervisará los contratos y garantizará la libre concurrencia.
El pasado 27 de julio de 2017 la Comisión de Hacienda y Función Pública aprobó el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE.