Contrariamente a lo dicho hasta ahora, el TACRC ha validado que, en algunos casos, la falta de medios justifique la no licitación electrónica de los contratos públicos. Descubre en este artículo el criterio del TACRC.
La regulación del procedimiento abierto simplificado incluye una limitación respecto al lugar de presentación de las ofertas de licitación que entra en conflicto con la posibilidad de presentar las ofertas en las oficinas de Correos recogida en el RLCAP. La resolución a esta cuestión en este artículo.
La Ley de Contratos del Sector Público establece la obligación de tramitación electrónica del procedimiento de licitación así como la obligación de presentar las ofertas de licitación por vía electrónica. Descubre en este artículo cuál es la consecuencia de la falta de tramitación electrónica del procedimiento.
La LCSP establece un régimen específico para la contratación de suscripciones a publicaciones y accesos a bases de datos. Descubre en este artículo cuál es ese régimen específico y en qué términos puede producirse.
La regulación del procedimiento abierto simplificado en la LCSP incluye un conjunto de limitaciones que pueden suponer el fracaso en la utilización de este procedimiento por cuanto no compensarán la ventajas de su uso en cuanto a la simplificación y celeridad en la tramitación de la licitación. En muchos casos, solo cuando pueda utilizarse el procedimiento simplificado abreviado compensará su utilización frente al procedimiento abierto ordinario. Descubre en este artículo las causas por las que fracasará el procedimiento abierto simplificado.
Descubre en este artículo las dudas habituales respecto a la mesa de contratación como órgano de apoyo al órgano de contratación: obligatoriedad, composición, funciones, novedades introducidas por la LCSP 2017…
La regulación del contrato menor en la nueva Ley de Contratos del Sector Público 2017 incluye una limitación respecto a la adjudicación de varios contratos menores a un mismo adjudicatario cuyo alcance debe calificarse de controvertido. De hecho la doctrina ha interpretado de forma contradictoria su contenido, lo que está generando gran inseguridad jurídica y numerosas dudas a los poderes adjudicadores en cuanto a la aplicación de esta regulación. Descubre en este artículo sobre qué limitación nos referimos y porqué hay riesgo de llevar al caos la adjudicación de contratos menores en función de la interpretación que haga cada uno de los órganos de contratación.
Uno de los artículos más leídos durante el año 2017 recogía las claves del nuevo procedimiento abierto simplificado introducido en la nueva Ley 9/207, de contratos del sector público. Antes de afrontar los nuevos retos que nos traerá el año 2018, aprovecha para revisar las principales características de este nuevo procedimiento de licitación en Contratando+.
El pasado 19 de octubre de 2017 se aprobó en el Congreso la nueva Ley de contratos del sector público, en cuyo artículo 159 se establece un nuevo procedimiento abierto simplificado para contratos de obras cuyo valor estimado no supere los 2.000.000 euros y contratos de servicios y suministro de valor estimado de hasta 100.000 euros.
Si bien este nuevo procedimiento `permitirá canalizar la tramitación de los expedientes de contratación y la valoración de las ofertas presentadas de forma más sencilla y rápida, por cuanto se simplifican los requisitos de presentación de ofertas y se reducen los plazos de tramitación del expediente, lo cierto es que puede tener un efecto restrictivo de la concurrencia de licitadores por cuanto incluye numerosas exigencias en cuanto al lugar y forma de presentación de ofertas.
Para utilizar el procedimiento negociado sin publicidad por razones de exclusividad técnica deberá chequearse que se ha justificado que el contrato sólo pueda encomendarse a un empresario determinado constatando que se han definido las razones técnicas que impidan que otro operador económico alcance los resultados necesarios o que existe la necesidad de utilizar conocimientos técnicos, herramientas o medios específicos que sólo estén a disposición de un único operador económico